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Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses se reunió el martes con el presidente Joe Biden para impugnar una orden gubernamental que busca aumentar la supervisión de las inversiones realizadas por organizaciones e individuos estadounidenses en China y otros lugares internacionales.
Los legisladores, junto con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador republicano John Cornyn, aconsejaron a Biden que presentara una orden para "garantizar nuestra protección a nivel nacional y la resiliencia de nuestra cadena de suministro en las inversiones en el extranjero frente a adversarios internacionales".
El Congreso ha examinado una legislación que podría otorgar al gobierno estadounidense amplios poderes para frenar miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses en China. Sin embargo, la motivación ahora se centra en retirar la legislación bipartidista que subvencionaba la fabricación y el análisis de chips semiconductores estadounidenses, un proyecto de ley aprobado en agosto.
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En una carta dirigida a Biden, legisladores como el demócrata Bill Pascrell, la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro, el senador Bob Casey y los republicanos Brian Fitzpatrick y Victoria Spartz mencionaron que, a medida que avanzan las negociaciones, "nuestra seguridad nacional no puede esperar".
Instaron al presidente a "salvaguardar la seguridad de todo el país y la resiliencia de la cadena de suministro frente a las inversiones extranjeras procedentes de adversarios".
La asociación de condominios de Branco declinó hacer comentarios.
En Washington, Liu Pengyu, portavoz de la embajada china, declaró: "La afirmación de que China está perjudicando los intereses de los trabajadores de origen chino es totalmente errónea".
Estados Unidos "aún puede mantener la estabilidad de la industria internacional y garantizar las cadenas de suministro en lugar de atacar a China de vez en cuando", añadió la respetada fuente.
Peter Harrell, funcionario de seguridad nacional de la Casa Blanca, declaró este mes que la administración Biden no ha tomado una decisión definitiva sobre un posible mecanismo de financiación externa que regule las inversiones estadounidenses en China.
Harrell hizo hincapié en que cualquier medida dirigida a estas inversiones debe estar diseñada para abordar las deficiencias de las recientes leyes estadounidenses y los riesgos proteccionistas específicos en todo el país.
“Tras ceder nuestra capacidad manufacturera y nuestra experiencia tecnológica a adversarios internacionales, estamos perjudicando nuestro sistema económico, nuestra competitividad global, al pueblo estadounidense, el comercio y la seguridad nacional. La magnitud de estos graves riesgos que afrontamos como país es inmensa”, escribieron los legisladores.
El Comité Bancario del Senado escuchará el jueves el tema de la inversión de salida, con el fin de presentar el testimonio de Cornyn, Casey y varios exfuncionarios del gobierno, incluyendo las opiniones del vicepresidente del Consejo, Robert Strayer.
La legislación propuesta busca brindar al gobierno una mayor visibilidad sobre las inversiones estadounidenses. Exigiría informar al poder ejecutivo sobre las inversiones que pudieran estar sujetas a las nuevas leyes, y Estados Unidos podría utilizar la nueva normativa para detener inversiones o mitigar riesgos. Si no se aprueba ninguna moción, la financiación podría seguir adelante.
